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¿Por qué no se puede imputar a los Jueces el feminicidio de Abril?

— 5 razones —

Miguel Ontiveros Alonso*


Nota preliminar:

El feminicidio de Abril 1 ha generado —con toda razón—, múltiples reacciones de indignación en la sociedad mexicana. Una de éstas, sin embargo, resulta insostenible desde la perspectiva jurídico penal: querer imputar a los juzgadores, cuya decisión judicial generó la libertad de la pareja maltratadora, la muerte de la víctima. A continuación, se señalan 5 razones por la que esto es improcedente desde la perspectiva del derecho penal.

Primera:

Autor directo e instigador no identificados. Si bien hay testigos de la ejecución de Abril —entre quienes se encuentran dos de sus hijos— y el feminicidio se verificó frente al abogado de la víctima, hasta ahora sólo se tiene conocimiento de que en el hecho participaron dos personas: una que conducía la motocicleta y otra que disparó por la espalda a la víctima, quienes aún no han sido identificadas. Esto se traduce en que no hay datos de prueba que vinculen a la pareja de Abril —que obtuvo su libertad con base en la resolución del Magistrado—, en su calidad de coautor o instigador, por ejemplo. Quienes pretenden imputar a los jueces la muerte de Abril, deben comprender que el primer requisito —a falta de muchos otros—, es que la persona liberada por la decisión judicial fuese coautor o instigador del feminicidio. Y eso es algo que no ha sido acreditado por el órgano investigador

Segunda:

Pensamiento causalista. Quienes afirman que dejar en libertad a la pareja de Abril es causa de su muerte presumen dos cosas. Primero, que él la privo de la vida y, segundo, que la liberación de la pareja de Abril es, entonces, causal de la muerte, por lo que quienes liberaron al supuesto autor también deben ser imputados por el feminicidio de la víctima. La primera suposición ya fue tratada más arriba, con lo que basta afirmar que primero debe acreditarse la autoría de la persona liberada, lo que no ha sucedido. El problema, sin embargo, es pensar que basta con la causalidad para imputar el resultado al autor. Esta forma de interpretar el tipo penal de feminicido es un grave error —tradicional en nuestro sistema de justicia— y debe ser rechazada. Es cierto que, en los delitos de resultado material, como es el caso del feminicidio, se requiere que el autor haya causado el resultado, pero eso no significa que con la simple causalidad se pueda imputar el hecho cometido a una persona. Por el contrario, además de la causalidad es necesario imputar objetivamente el resultado al autor, a través de criterios normativos y eso es lo que no se puede hacer aquí. Si bastara con la causalidad para ser responsable de un resultado material, entonces también los padres de los juzgadores serían responsables del feminicidio, ya que ellos son causa de la resolución judicial que liberó al supuesto autor del delito, pues si no hubieran dado vida a sus hijos, éstos no se hubieran convertido en juzgadores ni dictado la resolución judicial en cuestión. En el mismo sentido, los juzgadores serían responsables de los hechos cometidos por todas las personas a las que han liberado, como también lo serían por los hechos cometidos —al interior de la prisión—, por aquellas personas a quienes les han dictado prisión preventiva, pues ciertamente son causales de los mismos hechos. Esto es insostenible en el sistema moderno del derecho penal. La causalidad ad infinitum debe ser rechazada. Para ello, hay que comprender que no es posible imputar los hechos cometidos por terceras personas a los jueces, pues su decisión está amparada por un riesgo permitido, criterio determinante frente a la comprobación de la causalidad.

Tecera:

Imputación objetiva. En los delitos de resultado material —como el feminicidio—, sólo es imputable el resultado al autor, cuando además de haber sido acreditado el nexo causal entre acción y resultado, el sujeto activo ha creado un riesgo no permitido, que se ha realizado en el resultado, dentro del fin de protección de la norma. Esta fórmula, conocida como “imputación objetiva”, evidencia que no basta con “causar resultados” para ser responsable de un delito, sino que además es indispensable imputarlos objetivamente a su autor. En relación con los jueces del caso Abril, si bien podría apreciarse —lo que ni siquiera ha sido probado aún—, un nexo causal entre la resolución judicial dictada y la muerte de la víctima, resulta que su actuar está amparado por un riesgo permitido que excluye la imputación al tipo objetivo. En suma: se excluye la tipicidad y, con ello, el delito. La imputación a los jueces resulta improcedente.

Cuarta:

Derecho penal del acto. En el sistema moderno del derecho penal, cada persona es responsable —únicamente— de lo que hace o deja de hacer dolosa o culposamente, pero no por las acciones u omisiones —dolosas o culposas—, de terceras personas. Esta es la razón por la que, a pesar de los esfuerzos infundados desplegados en el pasado, no se puede hacer responsable penalmente a los padres por los hechos cometidos por los hijos. Puede existir algún otro tipo de responsabilidad —civil o administrativa, por ejemplo—, pero no penal. Para comprender mejor esta afirmación, puede acudirse al artículo 3 del Código Penal de la Ciudad de México:

Artículo 3 (Prohibición de responsabilidad objetiva). Para que la acción o la omisión sean penalmente relevantes, deben realizarse dolosa o culposamente.

Quinta:

Principio de culpabilidad El derecho penal mexicano es un derecho penal de la culpabilidad y no del resultado. Esto distingue al derecho administrativo de la materia penal. Lo dicho significa que no basta con ser parte de un curso causal lesivo, sino que —además de los criterios de imputación objetiva—, es necesario imputar subjetivamente el hecho a su autor. Esto es, precisamente, lo que sucede aquí: un juzgador no puede ser culpable por el hecho doloso de un tercero a quien dejó en libertad. Véase, para tales efectos, el artículo 5 del Código Penal de la Ciudad de México.

Artículo 5 (Principio de culpabilidad). No podrá aplicarse pena alguna, si la acción o la omisión no han sido realizadas culpablemente. La medida de la pena estará en relación directa con el grado de culpabilidad del sujeto respecto del hecho cometido, así como de la gravedad de éste.

Conclusión:

La imputación a los jueces por el feminicidio de Abril es insostenible. Afirmar lo contrario llevaría al siguiente absurdo: también el funcionario de prisiones, que abrió la puerta del centro de reclusión, sería causa de la muerte, pues si no le hubiera permitido salir, el autor —suponiendo sin conceder que lo sea—, no hubiera podido ejecutar el feminicidio. Y lo mismo habría que decir del director del centro penitenciario y así hasta llegar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pues también estas autoridades forman parte de la cadena causal, al depender de ellas la designación de quien abrió la puerta de la prisión. Para evitar este tipo de afirmaciones insostenibles, los órganos jurisdiccionales mexicanos deben abandonar el “pensamiento causal” y asumir el sistema moderno del derecho penal, conforme al cual, la causalidad es necesaria, pero no suficiente para imputar resultados. Dicho de otra forma: o se actualizan y aplican teorías contemporáneas como la relativa a la imputación objetiva, o sus criterios causalistas serán aplicados —también— en contra de ellos mismos.


*Investigador del Instituto de Investigaciones jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Director de la Revista Criminalia.

1 En relación con los hechos sucedidos véase: “Caso: Feminicido de Abril —5 errores de la resolución judicial—”

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